La discusión recién se está instalando y promete: los lugares que mejor reaccionaron a los efectos del terremoto fueron las localidades más pequeñas con comunidades de vecinos que se conocen y que, por ende, pudieron organizarse mejor. Esto que parece obvio, no lo es, si consideramos que los chilenos están preferiendo, hace años ya, abandonar los pequeños pueblos para emigrar a las ciudades donde los servicios abundan.
Pero las ciudades, grandes y medianas, son las que más han “guateado” tras la catástrofe. Sus habitantes han quedado sin saber qué hacer, vagando con el auto por las calles sólo para meterse en tacos sin sentido porque nadie parece ir a ninguna parte.
Varias caletas en la provincia de Arauco y localidades del interior como Empedrado, en Maule, supieron muy pronto que la ayuda no les iba a llegar. Que primero las autoridades cubrirían las necesidades de las grandes urbes. Sin esperar nada, una vez más, se organizaron con eficiencia asombrosa en medio de la destrucción.
En Santiago, Concepción y Viña del Mar, a los habitantes urbanos no les quedó otra que otorgarle nuevo sentido al barrio y establecer lazos con vecinos con los que jamás habían cruzado una palabra. Porque ese simple acto de asociatividad puede terminar, literalmente, salvándonos la vida.
Cada día me sorprende más lo que las marcas están dispuestas a hacer por lograr el favor de los clientes. He alegado todo este año de crisis (ya terminal, por suerte) por lo escandalosamente sexista que se ha puesto la publicidad en televisión, y he sabido que eso es habitual en momentos de recesión económica. Cualquier avance para evitar que las mujeres quedemos como tontas y aparezcamos principalmente en bikini en los comerciales, se estancó este 2009. Pero soy optimista y pienso que la cosa se va a revertir.
Otro ejemplo de lo políticamente incorrecto que puede ser el marketing de las marcas: me llega una enorme caja de cartón al canal en cuyo interior había una zapatilla y una invitación al lanzamiento de esta nueva línea inglesa llamada Cushe. Uno agradece las invitaciones, pero por Dios que irrita cuando se transforman en un cacho. Obviamente, el par de la zapatilla me lo entregarán la noche del evento, pero resulta que yo no tengo entre mis planes asistir. Entonces, debo decidir qué hacer con la zapatilla huacha. Si la boto, estaré contaminando. Creo que la enviaré al remitente o exigiré que me manden el otro par para darle un buen uso. Antes de recibir la invitación no tenía un problema que resolver, ahora sí.
Creo verdaderamente que es cada día más importante que las compañías cuiden sus acciones, ya que todas ellas hablan de su comportamiento ético y social.
Otro ejemplo: Me llegó la invitación de un chef top para ir a su restorán. Me pareció atractivo y partí. Cuando llego, me entero de que estoy en un experimento “gourmet” auspiciado por la más grande e importante marca de comida rápida del mundo que busca fidelizar clientes a través de líderes de opinión. Conversé largamente con los encargados de la marca y con el propio chef, para decirles que me sentía muy agradecida de su invitación pero también estafada por verme obligada a vincularme con una marca sin haberlo elegido. No fui la única molesta esa noche.
No sé. Siento que el marketing últimamente cruza ciertos límites que a la corta o a la larga, operará como un boomerang.
Si hay algo que irrita cada vez más son las buenas intenciones de última hora de los candidatos a algún cargo político. Sabemos hace rato que muchos de ellos hacen sus consideraciones sobre la base del cálculo y es fácil distinguir cuando las promesas electorales son vacías y de espaldas a los ciudadanos.
El último ejemplo de esta pésima costumbre fue la petición de Sebastián Piñera de alargar el período de inscripción en los registros electorales, que cierran el 14 de septiembre, tal como lo establece la ley. Eduardo Frei dijo, sobre la propuesta de Piñera, “me parece bien”.
El gobierno puso algo de sensatez al decir que habían sido muchos los intentos por modificar el sistema de inscripción y voto, pero que las propuestas no habían funcionado por diversas responsabilidades. Ante esto, el comando de Piñera “tuiteó” algo como “una vez más cierran las puertas”.
Siento, sinceramente, que todos y cada uno de los miembros de la clase política llevan velas en este entierro. Y que debieran tener un poco más de pudor ante lo que ellos mismos han generado: un desinterés pavoroso de parte importante de la población de participar, más allá de que sea un deber, en los procesos políticos.
Acordarse de eso el último día me parece, sencillamente, insultante.
La Comisión Defensora de las Personas (un “ombudsman” embrionario, dependiente del Ejecutivo, que se supone sería transitorio pero ya lleva casi 20 años de existencia) dio a conocer la Segunda Encuesta Nacional de Derechos Ciudadanos que, entre otras cosas, mide cuánto reclaman los usuarios de servicios públicos.
Y reclaman bastante poco, la verdad. 8 de cada 10 personas no lo hace porque cree que no sirve de nada. Los que alegan, en su mayoría del sector ABC1 lo hacen llamando al encargado o al jefe del servicio. Coincide con que son los más educados y quienes más conocen sus derechos.
Sucede que las reparticiones del estado están obligadas por ley a tener un mecanismo de reclamos debidamente indicado, pero los usuarios tienden a pensar que lo que se escriba en el libro de reclamos será letra muerta. De paso: los servicios peor evaluados y los que más reclamos reciben son el COMPIN y el INP.
En Chile la llamada “atención a público” sigue siendo, en términos generales, derechamente mala. Danae Mlynarz, jefa de la repartición que hizo el estudio, recordó que hay organismos que como castigo a los funcionarios los pone en la ventanilla o el mostrador de atención. Un ejemplo de lo despreciada que es esta función.
Y en los usuarios persiste la sensación de que nos hacen un favor al atendernos, de que tenemos que “pedir perdón” cada vez que realizamos un trámite para no molestar a quien tan “amablemente” nos atiende. Un gran error, que nos hace desandar en el camino de “empoderamiento” que es importante y necesario en toda sociedad democrática.
Otro de los resultados de la encuesta: 9 de cada 10 consultados cree que es necesario un organismo independiente que defienda los derechos de las personas. Mlynarz recordó que el proyecto de Ombudsman está en el Senado y que ahora depende de los honorables que vea la luz de una buena vez.
En twitter opiné que quizás era un poco tarde para la reunión cumbre que sostuvieron el Ministro de Justicia, el Subsecretario del Interior y el Director del SENAME por el caso de Cristóbal, muchísimo más conocido como el Cisarro. Creo que es el twiteo que más respuestas ha tenido. La mayoría opinaba que nunca es tarde para solucionar un problema de base. Otros decían que las autoridades se mostraban preocupadas sólo para no perder su cargo o para aparecer en los medios. Muchos dijeron que la verdadera solución está en el fortalecimiento de la familia. Y todos creen que hay muchos más Cisarros en Chile.
La historia de este niño con todo el interés que ha generado, quizás provoque lo que los alegatos de los expertos no lograron en tres años: que se revise la institucionalidad de los jóvenes infractores de ley. Nuestra ley de reponsabilidad penal adolescente ha sidp un absoluto fracaso y es bueno que eso se transparente. El SENAME es una caja negra, tremendamente mal administrada y que, lo vemos día a día, no logra su objetivo: que los niños y jóvenes que delinquen encuentren un mejor estímulo para dejar de hacerlo. Las niñas araña no se desarticulan a pesar de haber estado en recintos donde supuestamente se rehabilitarían. Y ese es sólo un ejemplo vistoso.
Tampoco hay que perder de vista que el caso del Cisarro es extremo. Un niño que estuvo seis meses con sicóloga diariamente y que reincide de esta manera tiene un problema estructural que el Estado, a pesar de sus esfuerzos, no ha podido solucionar. Pienso que es momento de revisar el sistema completo, antes que entrar en una eventual discusión sobre bajar la edad de imputabilidad. Hay miles de pendientes que resolver antes de endurecer la legislación para los niños delincuentes.
El crimen de Sergio Aguayo y su encuentro fatal con JTNV reponen un problema cada vez más grave y urgente: el consumo excesivo de alcohol entre los jóvenes chilenos. Está documentado que víctima y victimario habían tomado bastante antes de encontrarse. Evidentemente hay muchos otros factores que dan forma a esta historia trágica, pero vale la pena detenerse en este factor.
El Estado de Chile desposita su política pública de prevención del consumo excesivo de alcohol en el CONACE, un organismo dependiente del Ministerio del Interior. Se ha optado por campañas (cuando las ha habido) que conminan a los jóvenes a no beber alcohol porque daña su organismo y tiene consecuencias como accidentes de tránsito o episodios de violencia.
Todo eso es cierto, pero desafortunadamente no sirve. Los y las jóvenes chilenos no están dejando de tomar o haciéndolo de manera más responsable. Este problema, que no es exclusivo de Chile, se ha abordado de otro modo en sociedades que asumieron que la prohibición no desalentaba a los jóvenes. En Brasil, Canadá y los países europeos, escogieron la política de Reducción de Daños, que parte de la base de que los jóvenes seguirán tomando alcohol, por mucho que se les prohíba.
La política pública entonces, se centra en entregar la mayor cantidad de información posible en entornos de “carrete” y de un modo que interpele a los jóvenes. Se les habla claramente sobre los riesgos de la intoxicación alcohólica y cómo evitarla. Se les recomienda tomar dos vasos de agua después de cada trago, se les indica la cantidad prudente de destilado que deben beber para evitar la ebriedad, se les entregan teléfonos de emergencia, etc.
Se involucra además a los otros protagonistas del carrete, los dueños de locales nocturnos, para que les enseñen a sus barman que tienen que contribuir en el proceso sin negar jamás un vaso de agua a quien lo pide (algo que ocurre habitualmente, aunque cueste creerlo, en nuestros boliches juveniles).
Adoptar una polìtica de este tipo tiene costos. Se asocia a posturas progresistas que en un asunto sensible como éste, generan resistencias. Pero los hechos obligan por lo menos, a abrir un debate serio y profundo.
Algo está pasando con algunos movimientos sociales y/o gremiales. La dinámica es más o menos así: paralizan o se manifiestan por determinadas demandas. Esto provoca consecuencias molestas y/o peligrosas para usuarios y ciudadanos. El gobierno se resiste a dejarse presionar. El grupo insiste en su medida de fuerza. El gobierno se allana y anuncia una mesa de negociación. El acuerdo queda plasmado en diarios y noticieros. Pasan tres semanas y los dirigentes alegan que los acuerdos no se cumplieron y que nuevamente paralizarán.
En los últimos meses esto aplica a los siguientes grupos y movimientos:
- estudiantes
- profesores
- gendarmes
- deudores Andha
- funcionarios del Sename
- personal de la salud
Obviamente, parte importante de gobernar bien consiste en no ceder a las presiones o a los movimientos de fuerza. Hay mucho de irresponsabilidad entre quienes paralizan sólo porque pueden, ok. Pero también parte constituyente de saber gobernar es prestar oídos a las demandas y amarrar soluciones de verdad.
Imagino que esto sólo es posible si se hace un trabajo serio y continuo, si se establecen mecanismos para dar legitimidad a determinados interlocutores y construir con ellos una relación de confianza. Todo con un objetivo superior.
Seguramente es facilísimo decirlo pero extremadamente difícil implementarlo. Pero es urgente hacerlo. Si no, empezamos a vivir en el mundo del eterno retorno, como decía la periodista de CNN Carola Fuentes. Estos días, gendarmes y deudores: eterno retorno.
Una de las actividades que no parece sucumbir ante la crisis económica que nos afecta es la relativa a los espectáculos masivos de música. Mientras más preocupados estamos por el desempleo o la baja del consumo, más recitales y conciertos se anuncian. Y con éxito de ventas, además. Este hecho, que de por sí solo es notable, incluye además una preocupación cada vez mayor de los usuarios por conocer y defender sus derechos como consumidores.
La organización del Pepsi Fest ha puesto a la venta las entradas para cada uno de las seis jornadas de conciertos con grupos y solistas de talla mundial como Peter Gabriel o Blondie. El problema es que las personas que compraron anticipadamente sus entradas (en la llamada pre-venta) alegan ahora sentirse perjudicadas por una promoción 2×1 que la empresa lanzó por 48 horas. Es decir, por la entrada que cancelaron hace algunos días hoy podrían acceder a dos de esas entradas.
Tienen motivos para sentirse perjudicados. Sin embargo, la aclaración que hizo el director del SERNAC José Roa no disminuye su enojo. Roa aclaró que como nunca se dijo que en la pre-venta estarían los precios más bajos, la compañía organizadora no incurre en ningún incumplimiento, y caso cerrado. Vaya la precaución para todos quienes tienen pensado asistir a algún evento de este tipo. Aunque seguramente, debido a la molestia de los usuarios que hicieron la presentación formal ante el SERNAC y su consiguiente cobertura en los medios de comunicación, las empresas organizadoras de conciertos tendrán más cuidado a la hora de cambiar las reglas del juego sin avisar previamente.
Vivo en la comuna de Vitacura y me interesan muchísimo los asuntos ciudadanos. Es por eso que dedico esta primera entrada a lo que ocurrió este domingo con el plebiscito.
La consulta ciudadana en Vitacura (la primera de este tipo en la historia de nuestra República) nos deja varias lecciones. La primera es que la organización de los vecinos, de las llamadas “personas de a pie” finalmente comienza a ser una realidad en un país poco dado a las acciones ciudadanas. Puede decirse que Vitacura es la comuna más rica de Chile y que sus habitantes son personas cultas e informadas y que por eso la participación en el plebiscito fue tan alta. Es cierto.
Pero tengo la sensación de que la reivindicación de los barrios es algo generalizado, un movimiento que abarca todas las comunas y ciudades.
Frente a un crecimiento inorgánico y a una explosión inmobiliaria sin cariño por la ciudad, los vecinos de Vitacura fueron capaces de organizarse y hacer valer sus derechos. Que una inmensa mayoría rechazara las tres propuestas del Alcalde Torrealba abre las puertas a un diálogo más profundo sobre el tipo de comuna que queremos y eso es una excelente noticia.
Sin embargo un organismo queda especialmente resentido después de este
plebiscito: el Concejo Municipal. Vitacura, al igual que todas las comunas del país, tiene una organización democrática. Los vecinos votan por su alcalde y también por los concejales que 1) fiscalizarán los actos de ese alcalde y 2) representarán a los vecinos y buscarán soluciones a sus problemas. El trabajo del concejo no puede haber sido de muy buena calidad, porque de lo contrario no se hubiera llegado a esta situación extrema en que se plebiscitaron tres propuestas para tres áreas específicas.
El Concejo de Vitacura permitió que el boom inmobiliario en la comuna alcanzara niveles de escándalo. Nada hizo (por lo menos de manera
efectiva) para evitar que se otorgaran permisos de edificación de manera casi indiscriminada. Si es que hubo oposición de algún concejal a las políticas inmobiliarias del alcalde Torrealba nunca nos enteramos. Y creo que esta actitud de “dejar hacer” tiene su origen en que Vitacura es una comuna con un electorado mayoritario de centro derecha en que los adversarios políticos del alcalde no han querido o no han podido hacer una oposición efectiva. La votación históricamente alta que ha tenido Raúl Torrealba sumió a la comuna en una especie de sueño cómodo, del que despertó producto de la organización de un grupo de ciudadanos. La amenaza no provino desde la trinchera política opuesta. No fue un carismático candidato DC el que prendió las alertas en el edificio de Avenida Bicentenario. Fueron los vecinos, que cansados de la poca preocupación de sus autoridades, tomaron cartas en el asunto.
Es de esperar de que tras lo ocurrido este fin de semana, organizaciones de este tipo proliferen en todas las comunas. Hace bien sentirse parte de un movimiento colectivo. Es inspirador y alegra la vida. Y es también de esperar que los concejos municipales, que deben representar a los ciudadanos que los eligen, se fortalezcan para ser un aporte efectivo y trabajen con la dedicación que se merecen los vecinos.
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